Discurso de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, al recibir Informe 2010 del Instituto Nacional de Derechos Humanos
Santiago, 9 de diciembre de 2010
Quiero empezar por agradecer sincera y profundamente a Lorena Fries y a los miembros del Consejo del Instituto de Derechos Humanos por este primer Informe de los Derechos Humanos en nuestro país, que sin duda es bienvenido. Y debe ser mucho más que eso, leído con atención, para poder sacar lecciones que nos permitan seguir avanzando en crear una cultura de respeto a los derechos humanos en nuestro país.
Lorena, lo vamos a leer con mucha atención, especialmente sus recomendaciones, para que en nuestro país tengamos un debido y eficaz respeto de los derechos esenciales de todos los seres humanos.
Protección y promoción de los Derechos Humanos
Porque la protección y promoción de los derechos humanos, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia constituye un compromiso central y prioritario de este Presidente y de nuestro Gobierno. Así lo señalamos en nuestro programa de Gobierno, en nuestro mensaje a la Nación del 21 de mayo y así quisiera reiterarlo hoy día, una vez más, ante ustedes.
Sabemos que la noción y el alcance de los derechos humanos han evolucionado progresiva y positivamente a lo largo de la historia.
Algunos ven sus orígenes en la Carta Magna, que se impuso al Rey de Inglaterra Juan sin Tierras el año 1215. Pero que en realidad, más que un listado de derechos universales, lo que ella hizo fue limitar el poder del soberano en favor de grupos privilegiados, fundamentalmente la nobleza y los grandes terratenientes de ese país.
Fue cuatro siglos después, también en Inglaterra, cuando se dio un paso muy significativo al crearse el Acta de Habeas Corpus, que garantizó la libertad personal en su ámbito corporal, prohibiendo los arrestos y detenciones arbitrarias.
El progreso no se detuvo, y fueron las revoluciones en Francia y en Estados Unidos las que dieron lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y a la Constitución de los Estados Unidos, respectivamente. Y en ambos casos se reconocieron por primera vez en forma explícita, la existencia de ciertos derechos fundamentales, anteriores y superiores al Estado. Y, por tanto, que el Estado no es que tuviera la opción de respetar, sino que tenía la obligación de respetar el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y el derecho de propiedad.
Sin embargo, la persistencia de realidades denigrantes, como fue el caso de la esclavitud, demuestran que esos derechos estaban todavía muy lejos de adquirir un carácter efectivo y universal.
Fue con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, del siglo pasado, cuando conociendo los horrores de esa guerra, la comunidad de naciones organizada en las Naciones Unidas tomó conciencia de la imperiosa necesidad de avanzar hacia catálogos más precisos y comprensivos de derechos y bienes primarios que fueran aplicables a toda persona, por el sólo hecho de pertenecer a la raza humana. Y era tan necesario, porque ese siglo XX, que fue un siglo de grandes logros, también fue el siglo en que se conocieron e incubaron dos de los experimentos sociales más dañinos y violadores de los derechos humanos, como fue el nazismo y el comunismo.
Surgió así la Declaración Universal de los Derechos Humanos un 10 de diciembre de 1948, que reconoce y consagra expresamente el carácter universal, inalienable, irrevocable, intransmisible e irrenunciable de los derechos humanos esenciales de todos y cada uno de los seres humanos.
Fue esa Declaración, junto al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los que sentaron las bases, en el siglo pasado, de la protección jurídica de esos bienes y derechos, como la vida, libertad, igualdad, no discriminación, prohibición de esclavitud, torturas y tratos inhumanos o degradantes, la propiedad privada y colectiva, y algunos derechos económicos, sociales y culturales de segunda o tercera generación, como el derecho a la educación, la salud, la alimentación, el vestuario y la vivienda.
Este año Chile cumplió sus primeros 200 años de vida independiente, privilegio que sólo compartimos con 20 de los 198 países que existen en nuestro mundo.
Sin embargo, no sólo la anticipada consolidación de nuestras instituciones republicanas y de nuestro Estado de derecho, regido por la razón y las normas jurídicas, son motivo de orgullo para nuestro país. También lo son el temprano reconocimiento del Estado chileno, que en esto fue pionero y precursor, de que ciertos derechos y garantías de sus ciudadanos eran anteriores y superiores al Estado. Y esto se expresó, por ejemplo, en nuestra ley de libertad de vientres del año 1811, y en el hecho de que Chile fuera uno de los primeros países en el mundo, más precisamente el segundo, que abolió la esclavitud, en 1823.
Ese reconocimiento se aprecia también en nuestros primeros ensayos constitucionales del año 1818, 1823 y 1828, y también en nuestra Constitución del año 1833, que reconocieron, y esto era casi inédito en el mundo, a todos nuestros habitantes, mucho antes que otras naciones occidentales, esos derechos fundamentales que he mencionado, e incluyeron el debido proceso, la presunción de inocencia, las libertades de pensamiento, expresión y prensa; y tantos otros.
Sin embargo, ese proceso virtuoso en el origen de nuestra República se debilitó abruptamente en la segunda mitad del siglo pasado, primero con el surgimiento de ideologías totalitarias y excluyentes. Se empezó a destruir el respeto republicano, la amistad cívica, la sana convivencia y muchos otros bienes sociales, y que luego devinieron en el quiebre de nuestro régimen democrático, y con él, las más graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos que nuestra Patria haya conocido jamás.
Y hoy quisiera reiterar nuestro compromiso con la verdad y la justicia, como presupuestos básicos para una verdadera reconciliación y una auténtica paz entre los chilenos.
En las últimas décadas se ha producido un fenómeno no sólo de fortalecimiento, sino que también de extensión de la noción de los derechos humanos.
Se ha ido más allá que principios esenciales, y se ha ido abogando por la incorporación de nuevos derechos, algunos de segunda y tercera generación, como mencionaba, de carácter social, económico y cultural, como el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, al medio ambiente, y muchos otros.
Y siento que la respuesta frente a esta situación de fortalecimiento y expansión de los derechos humanos, no es, por cierto, desconocer la existencia de esos nuevos derechos. El desafío de nuestra generación es no sólo reconocerlos, sino que avanzar hacia una sociedad en que esos derechos sean una realidad, que se puedan exigir y que estén realmente disponibles para todos los habitantes de nuestra Patria.
Y ese es el profundo sentido de la sociedad de seguridades, de oportunidades y de valores que constituye el alma y el corazón de nuestro proyecto de Gobierno. Que a fin de cuentas fue la aspiración de nuestros padres, abuelos y los que los antecedieron, pero que desgraciadamente nunca lograron, y que es el legado que tenemos que dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones que vendrán. Porque hoy día esas metas son más factibles que nunca. Y si son factibles, como lo son, constituyen un imperativo moral no sólo de nuestro Gobierno, sino que de toda nuestra sociedad, de la cual nada ni nadie debiera apartarse.
Permítanme hacer un breve balance de los avances que juntos hemos logrado en nuestros primeros nueve meses de Gobierno, recogiendo las palabras de Lorena.
En primer lugar, en materia de Justicia Militar.
Hace algunos meses presentamos al Congreso, y éste aprobó, un proyecto de ley que restringió y delimitó el ámbito de la justicia militar al campo que le es propio, excluyendo siempre, y bajo toda circunstancia de su jurisdicción y competencia, a las personas civiles, aun cuando sus delitos digan relación con bienes jurídicos relativos a nuestras Fuerzas Armadas, de forma que sean siempre los tribunales ordinarios y de acuerdo a las normas penales comunes, los que conozcan y juzguen esos delitos.
Esa ley también derogó el delito de desacato u ofensas a la autoridad, incluidas las autoridades de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, como una manera de expresar con claridad la preeminencia que asignamos a la libre expresión de las ideas y opiniones en nuestra democracia.
La reforma significó, en términos concretos, que casi cuatro mil causas que eran conocidas por tribunales militares, muchas de las cuales afectaban a activistas o miembros de nuestros pueblos originarios, pasaron a serlo por tribunales ordinarios y sus procedimientos regidos por las normas comunes contenidas en nuestro Código Procesal Penal.
Adicionalmente, estamos trabajando en el perfeccionamiento de las normas orgánicas y procedimentales de nuestra justicia militar, proyecto que enviaremos próximamente al Congreso, de manera que esta justicia militar replique, en la medida de lo posible, la organización y principios que inspiraron a la reforma procesal penal actualmente vigente, entre los cuales destaco la separación de la acción de investigación, que será siempre de cargo de un fiscal, de la de juzgamiento, que quedará radicada en un tribunal letrado y pluripersonal. Y también los principios de imparcialidad, oralidad, inmediación, transparencia, rapidez, eficiencia y de adecuada protección y atención a las víctimas que inspiran nuestro procedimiento penal ordinario.
También, ya presentamos y promulgamos un proyecto de ley que adecuó nuestra legislación antiterrorista a los más altos estándares internacionales sobre la materia, sin descuidar la lucha contra el terrorismo, que en sí mismo constituye, por esencia, un poderoso y temible enemigo de los derechos humanos.
Hemos perfeccionado la tipificación de los delitos terroristas, limitándolos a aquellas conductas que están inequívocamente dirigidas a producir terror en la población y distinguiéndolos claramente de otros delitos comunes.
Y también se redujeron aquellas penas que aparecían abiertamente excesivas en nuestra legislación antiterrorista, al compararlas con las que nuestra legislación normal contempla para delitos de gravedad equivalente.
Lamentablemente la presentación de este informe ocurre a pocas horas de una dolorosa tragedia. Ayer, 81 compatriotas que se encontraban privados de libertad y condenados por la comisión de delitos, pero que estaban bajo la custodia y cuidado del Estado de Chile, murieron trágicamente en un incendio ocurrido a partir de una riña entre los propios internos, en la Cárcel de San Miguel.
La fecha de ayer, 8 de Diciembre, coincide no solamente con el Día de la Virgen, coincide también con el aniversario del incendio de la Iglesia de La Compañía, que el año 1863 cobró más de dos mil 500 víctimas, la mayoría de ellas mujeres y niños y dio origen, 12 días después de ese incendio, al Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Santiago.
Yo espero que aprendamos la lección de este trágico y doloroso accidente de la Cárcel de San Miguel, y que aceleremos el ritmo y el tranco para una profunda reforma a nuestro sistema penitenciario.
Es una paradoja comprobar o comparar el enorme esfuerzo que hizo la sociedad chilena para salvar las vidas de 33 mineros atrapados en las profundidades de una montaña, frente a lo poco que hacemos como sociedad para garantizar condiciones más dignas y seguras a miles y miles de compatriotas que están privados de libertad.
Éste es un tema que, todos sabemos, se arrastra por décadas y décadas. Y, por tanto, nuestro interés no está tanto en mirar hacia atrás, para buscar responsabilidades, sino que juntos mirar hacia adelante, para ver cómo hacemos, en forma eficaz, oportuna y exitosa esta gran reforma, que se la debemos no solamente a nuestros reclusos, sino que también a toda nuestra sociedad.
La situación de hacinamiento de nuestras cárceles es definitivamente inhumana y absolutamente inaceptable. Y estamos todos convencidos que atenta gravemente contra los derechos humanos.
Tenemos una población penal de 109 mil personas, de las cuales 53 mil se encuentran privados de libertad, en un sistema carcelario que fue concebido sólo para 32 mil 000 internos, lo que significa que tenemos una sobrepoblación penal, o hacinamiento que bordea el 66 por ciento de nuestra capacidad. Es decir, 21 mil 000 personas están en nuestros penales sin que ellos hubieran sido diseñados para ampararlos.
Y el caso más extremo es nuestra ex Penitenciaría, cuyo hacinamiento supera el 200 por ciento. En este campo, nuestro Gobierno empezó a trabajar desde el primer día que asumimos, el 11 de marzo de este año, en tres frentes simultáneamente:
Primero, avanzar hacia un régimen penal sancionatorio, que promueva el cumplimiento de penas alternativas a la privación de libertad, cada vez que ello sea posible. Y por eso el Gobierno presentó en septiembre pasado un proyecto de ley que modifica sustancialmente las medidas alternativas a la privación de libertad previstas en la Ley N˚18.216, de manera de reservar la prisión efectiva y la privación de libertad para aquellos casos de criminalidad más graves o reincidentes que así lo requieran, sin naturalmente debilitar nuestra lucha contra la delincuencia, el crimen y la droga.
Entre otras, la reforma permitirá el uso de nuevas tecnologías, como el brazalete electrónico, lo que, unido a la formación de más y mejores monitores de libertad vigilada abrirán mayores opciones de penas eficaces, pero que también contribuyan a la reinserción social de las personas que gocen de esos beneficios.
En segundo lugar, estamos en las etapas finales de la construcción de nuevos centros penales que se retrasaron en el camino por distintas razones, como el caso del centro penitenciario de Antofagasta y Concepción, y esperamos en las próximas semanas iniciar la construcción de nuevos centros, como el de Talca y Santiago II.
Y además, estamos ampliando y remodelando varios otros centros penitenciarios y planificando la construcción de cárceles modulares, orientadas a delincuentes primerizos o de baja peligrosidad, de forma tal de enfatizar el aspecto de rehabilitación y reinserción social que hoy día es muy débil o prácticamente inexistente en nuestro sistema carcelario.
Todo ello supone una inmensa inversión, cercana a los 460 millones de dólares, que va a incrementar la superficie total construida en 235 mil metros cuadrados y creará 10 mil nuevas plazas en nuestro sistema penal, lo que nos va a permitir, dependiendo del aumento en el número de internos, reducir el sobrepoblamiento actual a la mitad, y mejorar así la dignidad y calidad de vida de los reclusos y sus opciones de trabajo, rehabilitación y reinserción.
En esta materia, la segmentación de la población penal, de acuerdo a su edad, perfil criminológico y a su sexo, es absolutamente fundamental para tener un sistema penal más eficiente y moderno, que permita uno de los objetivos centrales de toda pena, como es la rehabilitación y posterior reinserción normal de las personas privadas de libertad.
Pero todos sabemos que esas construcciones toman tiempo. Y cuando se trata de la dignidad de las personas, el tiempo siempre apremia.
Por ello, siguiendo modelos muy exitosos de países desarrollados, y a la luz de la asesoría de una de las empresas consultoras con mayor experiencia en este terreno en el mundo, vamos a iniciar la construcción de esas cárceles modulares. Pero además el 15 de octubre pasado, después de una visita que hicimos junto al ministro de Justicia a la ex Penitenciaría de Santiago, pusimos de inmediato en marcha un programa de 11 medidas muy concretas, con metas, fechas y mecanismos de verificación, que van desde la compra de miles de literas, colchones a prueba de fuego y frazadas que no existían, a la mejora de las dietas alimenticias de los reclusos, la reparación de los baños, el aumento de las horas de desencierro, porque muchas veces el encierro superaba las 16 horas diarias; el mejoramiento de las condiciones de salud y del régimen de trabajo de los reclusos y de visita de sus familiares, el fortalecimiento de la asesoría y acompañamiento espiritual y el fortalecimiento de sus alternativas de rehabilitación y reinserción social.
Con respecto a nuestros pueblos originarios
Sabemos que la globalización ha traído un verdadero renacimiento de las identidades locales y particularmente la de nuestros pueblos originarios.
Actualmente en nuestro país más de un millón de chilenos y chilenas se identifican con las comunidades Aymará, Atacameña, Coya, Quechua, Rapa Nui, Mapuche, Alacalufe, Yagán y otras. Y ello, lejos de ser un problema, representa una magnífica oportunidad para empezar a hacer justicia y promover un auténtico reencuentro con nuestros pueblos originarios, que habitaron estas tierras miles de años antes que llegaran los descubridores o conquistadores europeos.
Los chilenos nos sentimos muy orgullosos de ser una nación multicultural, pero al mismo tiempo, no podemos desconocer que, por siglos, las oportunidades para el progreso material y espiritual de nuestros pueblos originarios no han estado a la altura de sus necesidades ni de nuestras potencialidades como país.
Se trata de una población que ha sido sistemáticamente discriminada y vive en condiciones precarias, lo cual se demuestra con meridiana claridad cuando comparamos sus tasas de pobreza o desempleo, que superan largamente la media nacional, o cuando analizamos sus salarios o su escolaridad, que están muy por debajo de la media nacional.
Para enfrentar y recuperar el tiempo perdido en esta materia, hemos puesto en marcha una ambiciosa y poderosa agenda programática en beneficio de nuestros pueblos originarios, que incluye una reforma que le dé reconocimiento constitucional, dejando atrás una estrategia implícita de asimilación para avanzar hacia un auténtico respeto, valoración y protección de su idioma, cultura, tradiciones y valores, todas los cuales forman parte fundamental de la identidad de Chile como nación.
También estamos avanzando, hacia la incorporación plena del Convenio 169 a nuestra legislación, y hemos avanzado mucho en materia de definición de pueblos indígenas; criterios de autoidentificación; reconocimiento de la costumbre indígena como fuente del derecho; protección de la relación de la persona indígena con su tierra; incorporación de la medicina tradicional indígena a nuestros programas de salud; creación de establecimientos de educación inter o multiculturales, incluyendo un liceo de excelencia indígena, de becas indígenas, y el fortalecimiento de instituciones y programas orientados hacia ellos, como la Conadi, el Programa Orígenes y los Fondos de Desarrollo Indígena, entre otros.
Pero además, hemos constituido una mesa amplia de diálogo, que está integrada por el Gobierno, las Iglesias, las sociedades civiles y naturalmente por representantes del pueblo Mapuche, que vamos a extender a otras etnias en nuestro país, y que reforzará la agenda de reencuentro histórico con nuestros pueblos originarios y la implementación del Plan Araucanía, el cual representa una iniciativa muy poderosa y muy ambiciosa para recuperar el tiempo perdido y empezar a mejorar la calidad de vida, de educación, de salud, de trabajo, de infraestructura, de nuestros pueblos originarios, enfocando también su prioridad en la creación de nuevas oportunidades para nuestros hermanos indígenas.
En materia de género
Debemos mantener lo mucho que se ha avanzado en esta materia en los gobiernos anteriores, pero también acelerar el tranco para lograr una mayor igualdad en materia de derechos, de libertades, de oportunidades y también de responsabilidades entre hombres y mujeres en nuestro país, donde a pesar de lo mucho avanzado, todavía tenemos un largo camino que recorrer.
Estamos haciendo un énfasis muy especial en facilitar la incorporación en plenitud de la mujer al mundo del trabajo, cuya tasa de participación en la fuerza laboral está muy por debajo de los promedios de los países desarrollados e incluso de América Latina.
Nos hemos propuesto crear 600 mil nuevos empleos para mujeres durante nuestro Gobierno. Y de hecho, esperamos que este año 2010 podamos crear 200 mil de esos 600 mil nuevos empleos comprometidos.
Hemos presentado también un proyecto de ley que permite, regula y facilita el teletrabajo o trabajo desde el hogar, para que miles de trabajadores, especialmente mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, puedan incorporarse al mundo del trabajo sin necesidad de moverse de su hogar o barrio, y compatibilizando ese trabajo con otros roles y necesidades.
Además, estamos apoyando la maternidad, mediante la construcción de muchas las salas cuna y jardines infantiles, eliminando discriminaciones odiosas en los accesos a los planes de salud. Y también, tal como lo comprometimos en nuestra campaña y en nuestro discurso del 21 de mayo pasado, en las próximas semanas presentaremos un proyecto de ley que fortalece y flexibiliza los permisos pre y postnatal de nuestras mujeres, para fomentar y potenciar la maternidad y, al mismo tiempo, hacerla compatible con el mundo del trabajo, y repetir aquello de que no queremos que ninguna mujer, por el hecho de ser mujer no pueda trabajar, ni que por el hecho de trabajar, no pueda ser madre.
Además, este mes de diciembre vamos a enviar al Congreso Nacional una norma relativa a la sociedad conyugal, que va a permitir a la mujer participar en plena igualdad de condiciones con su marido, eliminando las discriminaciones que aún subsisten en materia de administración de la sociedad conyugal.
En tercer lugar, en el campo del género, para prevenir y enfrentar la violencia intrafamiliar, que es un verdadero cáncer en nuestro país y que afecta casi a una de cada dos mujeres y casi a tres de cada cuatro niños, estamos implementando el Programa “Chile Acoge” y los Centros Judiciales de Violencia Intrafamiliar en los Tribunales de Familia, para que, en casos urgentes, toda mujer, niña o niño agredido cuente con las medidas cautelares y precautorias eficaces, incluido el brazalete electrónico, que le permitan recibir la protección oportuna y eficaz que merece y necesita.
Finalmente, también en el campo de género, estamos buscando fórmulas para hacer más efectiva y real la plena integración en igualdad de condiciones de la mujer al mundo de los ámbitos públicos, sin afectar naturalmente lo que es la soberanía popular.
En materia de infancia
No podemos desconocer ni simplemente ignorar que en Chile son demasiados los niños y niñas a los cuales no se les respetan sus derechos humanos.
Uno de cada cuatro niños en nuestro país vive en condiciones de pobreza; tres de cada cuatro niños en nuestro país han sido víctimas de maltrato psicológico o físico; más de 100 mil de nuestros niños y niñas siguen siendo forzados a trabajar y desertar de la escuela; y son miles los niños que cada año caen y se suman a las garras de la droga, el alcohol, la prostitución y la delincuencia.
A estos objetivos apuntan los programas de “Vida Sana y Vida Nueva”, que estamos implementando. En otro ámbito, el de la seguridad laboral, hemos aprendido las lecciones de lo ocurrido en la Mina San José, y estamos trabajando para alcanzar en esta materia, revisando nuestra legislación, procedimientos, mecanismos de fiscalización, estándares propios de países desarrollados en materia de seguridad y dignidad en el trabajo, creando una verdadera cultura de seguridad y dignidad en el trabajo, que por razones de tiempo no voy a explicitar en esta ocasión.
Lorena habló de los tratados internacionales, y con mucha razón, porque Chile es parte de la comunidad internacional, y seguiremos avanzando en la ratificación de instrumentos internacionales necesarios para facilitar la cooperación de Chile con organismos internacionales, como por ejemplo la Corte Penal Internacional. El día 23 de diciembre de este año entra en vigencia en nuestro país la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra la Desaparición Forzada, y estamos constituyendo un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, siguiendo en esta materia las recomendaciones de la Convención contra la Tortura.
Además, hemos levantado y seguiremos alzando nuestra voz frente a atropellos a los derechos humanos o a la democracia en muchos países, incluyendo el caso de Cuba, de Ecuador por el reciente intento de quiebre de su orden democrático, y hemos iniciado un diálogo en esta materia con la República Popular China.
También la pobreza constituye un atentado a los derechos humanos, lo que fortalece aún más nuestro compromiso como Gobierno y como sociedad de derrotar la pobreza extrema durante nuestro Gobierno y sentar las bases para que Chile pueda liberarse del flagelo antes que termine esta década.
Por eso estamos atacando las causas de la pobreza en sus tres frentes principales: la mala calidad de la educación, las pocas oportunidades de empleo y la debilidad de la familia, que golpea con tanta fuerza a nuestros sectores más vulnerables.
Pero también, porque tenemos que actuar ahora, estamos trabajando, y con mucha decisión, apremio y urgencia para aminorar y aliviar las consecuencias de la pobreza, a través de la creación del Ingreso Ético Familiar, una nueva Ficha de Protección Social y la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo Social.
La verdad es que, como muy bien dijo Lorena, la historia de los derechos humanos no ha sido una permanente marcha triunfal, pero tampoco ha sido la historia de una causa perdida. Y espero que el Instituto de Derechos Humanos sea no solamente el espejo del cual ella nos hablaba, sino también un verdadero faro que ilumine las zonas aún oscuras de nuestra sociedad en materia de derechos humanos.
Para nosotros, los chilenos y chilenas del siglo XXI, esto constituye un imperativo moral ineludible. Por lo que quiero ratificar hoy día plenamente ante ustedes, nuestro apoyo a la labor de este naciente Instituto de Derechos Humanos, cuyo primer informe conocemos hoy día. Y con hechos muy concretos. Por ejemplo, el presupuesto orientado a derechos humanos en nuestro país para el año 2011 alcanza a 69 mil millones de pesos, y representa un incremento de 21 por ciento respecto a lo que fue el presupuesto del año que está terminando, y favorece esencialmente a instituciones como el Instituto de Derechos Humanos, los programas de derechos humanos del Ministerio del Interior, las Comisiones Rettig y Valech, el Museo de La Memoria, y muchas otras organizaciones que se abocan en este sentido en nuestro país.
Por esta razón, quisiera también ratificar una vez más mi compromiso personal y de nuestro Gobierno con una cultura de respeto a los derechos humanos en todo tiempo, lugar y circunstancia en nuestro país.
Se lo debemos a los que sufrieron las consecuencias de violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos en nuestro país, pero se lo debemos todavía más a las generaciones que están por venir y que aspiran, merecen y van a vivir en un país en que la cultura de los derechos humanos sea parte de la vida diaria y de los compromisos y valores fundamentales de todos y cada uno de los chilenos.
Muchas gracias.