Discurso de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en el lanzamiento de la política nacional de derechos para las víctimas del delito
Santiago, 11 de noviembre de 2013
Hoy día estamos informando a la ciudadanía de una nueva política para la mejor defensa de las víctimas. Y quiero partir afirmando que la delincuencia y el narcotráfico son enemigos muy poderosos, porque no trepidan ni respetan nada ni a nadie con tal de obtener sus perversos objetivos. Y porque cuentan con vastos y amplios recursos financieros y tecnológicos. Eso significa que la sociedad civil y el Estado, en representación de todos los ciudadanos, tiene que actuar con mayor fuerza y con mayor inteligencia para poder hacer retroceder el delito y el narcotráfico y hacer avanzar la tranquilidad, la seguridad y la paz que tanto anhelan y tanto merecen nuestras familias.
Es por esa razón que cuando asumimos el Gobierno, nos comprometimos a poner toda nuestra voluntad y energía en poder mejorar la capacidad de la sociedad chilena para combatir con mayor eficacia la delincuencia y el narcotráfico y para defender con mayor eficacia la tranquilidad y seguridad de nuestras familias.
La verdad es que debemos reconocer que ésta es una lucha muy difícil, y para ganarla no basta la voluntad y el compromiso del Gobierno; se requiere mucho más que eso. Sabemos que la lucha contra la delincuencia involucra a muchas instituciones: Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, los fiscales, los jueces de garantía, los Tribunales de Justicia, Gendarmería, y también a toda la sociedad chilena. Y sabemos muy bien que ésta es una cadena. Basta con que un eslabón flaquee, para que toda la cadena se debilite. Por esa razón que hemos puesto un enorme esfuerzo en lograr que esta cadena de instituciones opere y funcione con mayor coordinación y con mayor diálogo, de forma tal de unir fuerzas para combatir con mayor eficacia el delito.
Un balance
Quisiera hoy rendir cuenta de cómo el Gobierno ha avanzado y qué hemos hecho para mejorar nuestra capacidad de luchar contra la delincuencia y el narcotráfico.
En primer lugar, llegando al Gobierno creamos una nueva institucionalidad, a través del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, que hoy día operan con una mayor coordinación en el cumplimiento de sus objetivos.
Con respecto a Carabineros, hemos aumentado la dotación de nuestros Carabineros y vamos a completar 10 mil nuevos efectivos en las calles, en las plazas, en los parques, protegiendo a nuestros ciudadanos y mil nuevos oficiales de la Policía de Investigaciones con el mismo propósito. A ambos los hemos dotado con los mejores equipamientos tecnológicos, logísticos y operativos, para poder cumplir con sus funciones. De esta manera, vamos a haber cumplido uno de los compromisos que asumimos durante la campaña.
Pero, adicionalmente, pusimos en marcha el Sistema Táctico de Análisis del Delito, que nos permitió traer la mejor tecnología, los mejores procedimientos, para que la lucha contra la delincuencia se haga con la planificación y con la inteligencia que requiere. Y es así como hoy día cualquier ciudadano puede conocer los resultados de todas las comisarías de Carabineros en términos de cómo están enfrentando y cuáles son los resultados que están obteniendo en la lucha contra la delincuencia.
Por otra parte, pusimos en marcha el Programa Barrio en Paz, tanto en barrios residenciales comos barrios comerciales. Ya son más de 120 barrios, que fueron seleccionados en función de la incidencia de la delincuencia, que están siendo cubiertos por estos programas. Y, adicionalmente, extendimos de 100 a 150 comunas, es decir, estamos llegando a la mitad de las comunas de Chile y a todas las comunas con más de 50 mil habitantes con el Plan Cuadrante, que ha demostrado ser un eficaz instrumento en la lucha contra la delincuencia.
Respecto a un segundo eslabón de esta cadena, que es el Ministerio Público, presentamos un proyecto de ley que recoge la experiencia de los últimos 10 años en materia procesal penal y que busca perfeccionar y fortalecer la Reforma Procesal Penal, con un solo objetivo: proteger mejor a las víctimas y a los ciudadanos inocentes y combatir con mayor eficacia a los delincuentes.
Respecto a los jueces, hemos aumentado el presupuesto del Poder Judicial en más de un 22 por ciento durante los últimos tres años, mejorando así las condiciones de trabajo, equipamiento y recursos para la Corte Suprema, las 17 Cortes de Apelaciones y los casi 500 juzgados repartidos a lo largo de nuestro país.
Avances en Gendarmería
En lo que se refiere a Gendarmería, cuando llegamos al Gobierno había un gravísimo problema de falta de recursos y de personal, y un gravísimo problema de hacinamiento en nuestras cárceles. De hecho, esas cárceles habían sido construidas para albergar a 35 mil reclusos, y ya tenían más de 55 mil internos. Es decir, en promedio, había un hacinamiento que superaba el 60 por ciento, y en algunos penales, como la Penitenciaría de Santiago, ese hacinamiento superaba el 200 por ciento. Y esto se traducía en que nuestro sistema carcelario no solamente no garantizaba el poder mantener recluidos a los internos, sino que no permitía ni la seguridad dentro de los penales, ni una mínima dignidad en la vida de los que están internos, y tampoco el poder ejercer las labores de rehabilitación a través de incorporar el trabajo y la educación a nuestros penales.
Nuestras cárceles se habían transformado en una verdadera universidad del delito. No se podía segregar a los que estaban privados de libertad según su grado de peligrosidad y muchas veces delincuentes primerizos compartían con profesionales, lo que significaba que entraban como delincuentes aficionados pero egresaban como delincuentes profesionales. Por eso, desde el primer día pusimos en marcha un plan para reconstruir, remodelar y modernizar nuestra infraestructura carcelaria, poniendo en marcha cárceles que llevaban años detenidas, como por ejemplo la Cárcel de Antofagasta y la de Concepción, y con una inversión que superó los 220 millones de dólares hemos incorporado más de 10 mil 500 nuevas plazas a nuestra infraestructura carcelaria, lo cual nos ha permitido ya reducir a la mitad el problema de hacinamiento que heredamos de gobiernos anteriores y nos ha permitido incorporar la segregación, es decir, la separación de los privados de libertad para que se no contaminen unos a otros o no transformen nuestras cárceles en universidades del delito, sino que empiecen a avanzar hacia cárceles que permitan la necesaria rehabilitación, especialmente de aquellos que han cometido delito por primera vez o delitos de menor cuantía.
Y es así cómo hemos logrado por fin incorporar la capacidad del trabajo voluntario y de la educación voluntaria dentro de nuestros penales, para que nunca más el hecho de estar preso sea un impedimento para no trabajar o para poder estudiar. Aquí quiero destacar la reciente modificación realizada por el Ministerio de Justicia para que personas con antecedentes penales puedan ser contratadas por el Estado, y fue esa repartición la que partió dando el ejemplo.
Respecto a la planta de Gendarmería, elaboramos el Estatuto Laboral de los Reos, que permitió un nuevo sistema que motiva e incentiva la capacitación, el trabajo y la educación dentro de nuestros penales, e incorporamos 348 nuevos oficiales y cuatro mil 466 suboficiales a la planta de Gendarmería, para que pudiera cumplir así mejor con su función de mantener recluidos a los que están condenados a penas de privación de libertad y, simultáneamente, poder avanzar en las tareas de rehabilitación y reinserción de esos reclusos.
Proyectos de ley para proteger el orden público
En lo que se refiere al orden público, hemos avanzado con un conjunto de leyes que son absolutamente necesarias. Y quisiera destacar hoy día tres de ellas. Primero, la “Ley Antiencapuchados”, que lo que busca es algo muy simple: tipificar mejor los delitos que permanentemente cometen los que actúan bajo la protección de una capucha, lo cual significa la cobardía de ocultar su rostro.
Sabemos perfectamente bien el daño que producen los encapuchados, que aparecen inexorablemente cada vez que hay marchas o manifestaciones y que en forma muy impune no solamente atentan contra nuestros Carabineros, tirándoles ácido a la cara o bombas molotov al cuerpo, sino que además destruyen la propiedad pública, los semáforos, los bancos, y también la propiedad privada, aquella que con tanto esfuerzo nuestros pequeños y medianos empresarios y comerciales han logrado construir a lo largo de toda una vida. Y por supuesto que nos da una profunda indignación cuando después de ver la violencia, la maldad, los destrozos, el daño y el sufrimiento que provocan, y después de ser detenidos por nuestros Carabineros y puestos a disposición de la justicia, muchas veces vemos al día siguiente que todos ellos quedan en libertad y, en consecuencia, casi con una especie de vía expedita para seguir cometiendo los mismos delitos.
Es por eso que enviamos una ley que se denomina la Ley Antiencapuchados, que tipifica mejor esos delitos y que nos permite poder actuar con mayor eficacia para castigar esos delitos y que no sigan quedando en la impunidad. Desgraciadamente, esa ley fue rechazada en el Senado por una mayoría de parlamentarios de oposición, pero el Gobierno va a persistir, y en la comisión mixta vamos a intentar revivir una ley que es absolutamente necesaria.
En segundo lugar, la ley que busca proteger mejor la integridad y la vida de nuestros Carabineros, porque ellos arriesgan sus vidas por proteger las nuestras, y por tanto merecen una mejor protección. Y porque un carabinero más respetado y mejor protegido es un mejor carabinero y puede proteger mejor nuestra propia seguridad.
La tercera ley que quiero destacar es la que permite el control preventivo de identidad en ciertos casos muy especiales, como cuando existen presunciones porque hay manifestaciones masivas. ¿Qué problema puede haber en que Carabineros pueda realizar controles preventivos de identidad? El que actúa en forma correcta no tiene ni un problema en hacerlo a rostro descubierto, ni tampoco debe tener problemas que su identidad sea controlada.
Estos tres proyectos de ley, que fueron enviados hace mucho tiempo por el Gobierno al Congreso y que aún no hemos logrado transformarlos en ley, reflejan un cierto doble estándar o una cierta pasividad, porque en materia de combatir el delito y la delincuencia no hay izquierdas ni derechas. Todos debiéramos actuar unidos para proteger mejor a nuestras familias y a nuestra ciudadanía.
Previniendo el delito
En materia de prevención, está en el Congreso el proyecto de ley que separa el Servicio Nacional de Menores creando dos nuevos servicios, el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia, que se hará cargo de proteger los derechos de los menores vulnerables o vulnerados, y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, que se hará cargo de aquellos menores que están con problemas o que han cometido delitos y tienen que responder ante la justicia. De esa forma separamos dos problemas de distinta naturaleza que requieren enfoques y políticas también muy distintas.
Promulgamos la Ley del Brazalete Electrónico, que va a permitir dar mayor eficacia cuando existen recursos para proteger la vida o la integridad de personas que se sienten amenazadas. Y creamos el Registro Nacional con las Inhabilidades de los Condenados por Delitos Sexuales, para que la gente, los padres y los colegios se puedan proteger de aquellas personas que han cometido delitos contra nuestros menores, evitando que vuelvan a acercarse a esos menores. Y también el Registro de Prófugos, de forma tal que todos los chilenos sepamos quiénes están prófugos de la justicia para poder defendernos mejor de ellos y para impedir que esos mismos prófugos, como ocurría antes, accedan a muchos de los beneficios que otorga el Estado.
Generando espacios y oportunidades
Pero hay mucho más. En materia de rehabilitación estamos convencidos que hay instrumentos, como el deporte y la cultura. Una vez escuché a una madre que me dijo “mire, Presidente, cuando un niño o una niña se enamora de algo, ese niño se salva. Cuando un niño se enamora de un deporte, cuando una niña se enamora de un instrumento musical, ese niño y esa niña se salvan, porque tienen una nueva razón por la cual vivir”. Y con esto estamos otorgando a nuestros niños la posibilidad de rehabilitarse, como ocurre, por ejemplo, con el éxito que ha demostrado el Programa de Fútbol Calle, que ojalá hoy día pueda coronarse campeón de América.
Pero además de eso, también quisimos recuperar nuestras plazas y hoy día más de 200 plazas y lugares públicos que antes eran dominio de los delincuentes y foco de delincuencia y narcotráfico han sido recuperados, han sido enverdecidos y han sido puestos a disposición de la sociedad a través del Programa Plaza Segura que lleva a cabo la Subsecretaría de Prevención del Delito en coordinación con el Programa Legado Bicentenario.
Todo esto no es una casualidad, es fruto de una política que hemos empujado y promovido desde el primer día, y que sin duda se requiere para poder seguir avanzando en esta materia.
Yo sé que la lucha contra la delincuencia es muy difícil, incluso ha sido más difícil de lo que habíamos anticipado, pero sé también, porque lo veo en mis recorridos por Chile, que la delincuencia y el narcotráfico producen dolor, sufrimiento, temor y angustia a muchos de nuestros conciudadanos. Y por eso en esta materia nunca hemos bajado los brazos, siempre hemos intentado avanzar con la máxima velocidad, a pesar de las dificultades que tenemos muchas veces en aprobar las leyes que son necesarias por la incomprensible oposición de algunos en el Congreso, y a pesar también de las dificultades propias en el mundo entero en esta lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.
Avances en prevención del delito
Quisiera compartir con mis compatriotas los avances que hemos logrado en esta materia. Porque es bueno saber que estamos avanzando, no para dormirnos en los laureles ni mucho menos para bajar los brazos. Todo lo contrario, porque cuando vemos que vamos avanzando en la dirección correcta, nos permite redoblar nuestra voluntad y esfuerzos para seguir en esta lucha sin cuartel y sin piedad contra los delincuentes, que se sienten con el derecho de robarnos valores tan fundamentales como la libertad, la tranquilidad, la paz y la seguridad.
Quisiera recordar que la Encuesta nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, denominada ENUSC, el año 2009 mostró que 33,6 por ciento de los hogares chilenos había sido víctima de un delito ese año. Esto significa que uno de cada cuatro hogares en Chile el año 2009 había sido víctima de la delincuencia. Este indicador disminuyó desde el 33,6 por ciento al 26,3 por ciento el año pasado. ¿Qué significa esto? Que 300 mil familias chilenas dejaron de ser víctimas de la delincuencia, gracias a que logramos avanzar con todas las políticas que acabamos de describir.
Pero esto no es suficiente, porque como Presidente no me olvido ni un segundo que todavía uno de cada cuatro hogares en nuestro país, es decir, más de un millón de hogares son víctimas de la delincuencia, y eso es algo que sin duda no nos deja tranquilos y nos refuerza en nuestra voluntad de seguir avanzando en el combate al delito.
Hay otras cifras que provienen directamente de las estadísticas de Carabineros. Por ejemplo, el año pasado los delitos violentos disminuyeron en un 12 por ciento y los robos con violencia disminuyeron en un 15 por ciento. Y lo mismo ocurrió con una serie de otros delitos de los cuales lleva contabilidad Carabineros, como por ejemplo el robo con intimidación, el robo con sorpresa, los hurtos y otros más.
Aún nos queda camino por recorrer
Sin duda, nada de lo que hemos hecho es suficiente, y basta mirar las caras y los rostros de las víctimas de la delincuencia, para darnos cuenta que seguimos estando en deuda con ellos y también con los ciudadanos honestos que quieren, merecen y van a tener una vida con mayor paz y tranquilidad. Por esa razón hemos querido enfrentar muy directamente este problema, porque este círculo vicioso de impunidad produce frustración, produce indignación, produce temor y produce, sin duda, un sentimiento de inseguridad.
Y por eso, tener leyes más modernas y más severas, tener policías mejor entrenados, mejor equipados y más comprometidos, tener mejores planes antidelincuencia, contribuyen, pero no van a resolver el problema si es que todos los eslabones de esta cadena no operan con la misma dedicación, compromiso y voluntad. Y yo siento y creo que algunos jueces no están aplicando la ley, respetando su letra ni su espíritu. Por supuesto que como Presidente y como Gobierno creemos en la independencia y autonomía de nuestro Poder Judicial, creemos en el derecho al debido proceso, creemos en la presunción de inocencia, pero también creemos que algunos jueces no están impartiendo justicia de acuerdo a lo que manda la ley en su letra y en su espíritu, o de acuerdo a lo que necesitan, esperan y merecen los ciudadanos.
¿Qué es impartir justicia? Es darle a cada uno lo que le corresponde, y muchas veces queda meridianamente claro que algunos jueces otorgan demasiados beneficios a los delincuentes y tratan con demasiada indiferencia a sus víctimas.
Por eso como Gobierno hemos impulsado la idea de un Observatorio Judicial. Este Observatorio Judicial no pretende interferir con la independencia ni la autonomía de los jueces, que es un valor fundamental en un Estado de Derecho, pero sí pretende que los ciudadanos tengamos la oportunidad de estar bien informados de cómo están operando los distintos juzgados y cómo están actuando los distintos jueces en nuestro país. Ésta es información pública, pero de muy difícil obtención, análisis e interpretación. Y, por tanto, el Observatorio Judicial lo que busca es que una institución académica u otra institución puedan recoger esta información que es pública, procesarla y ponerla a disposición de los ciudadanos, para que ellos sepan cómo está operando el Poder Judicial, los distintos juzgados y los distintos jueces.
Los ciudadanos en una democracia tienen derecho a saber cómo están actuando las autoridades que ellos eligieron con sus votos, cómo se están utilizando los recursos que ellos financian con sus impuestos, y esto que es válido para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, también es válido para el Poder Judicial. Y, por tanto, quiero discrepar con la reacción de algunas autoridades del Poder Judicial, porque esto no pretende alterar ni afectar su autonomía ni independencia, pero sí pretende que los ciudadanos estén mejor informados, porque son los ciudadanos los que sufren las consecuencias de la mala actuación o la mala interpretación de las leyes que hacen algunos jueces.
Política Nacional de Víctimas del Delito
Hoy queremos dar un paso más en esta balanza y estamos poniendo en conocimiento de toda la ciudadanía la Política Nacional de las Víctimas del Delito. Se trata de una política de Estado, no es de este Gobierno, no es de un sector, es de todos los chilenos, de la sociedad chilena, del Estado chileno. Su objetivo central es muy claro: garantizar mejor los derechos de las víctimas de los delitos y los derechos de la gente inocente mediante buscar la reparación integral del daño causado por los delincuentes, la prevención de la victimización secundaria, y también que de una vez por todas el proceso judicial le dé mayor tranquilidad y mayor información a todos nuestros conciudadanos.
Esta política se basa en un decálogo que describe los derechos esenciales de las víctimas y que el Gobierno se va a encargar de difundir, para que todas las personas y las posibles víctimas, o las actuales víctimas, conozcan y hagan exigibles esos derechos que sin duda tienen. Porque en esto, y quiero decirlo con mucha claridad, estos derechos tienen que ser conocidos por la ciudadanía, y especialmente por las víctimas, para que sean derechos de verdad, que vivan en la realidad y no solamente en el papel. Y es por ello que el programa de ayuda a las víctimas se va a encargar de difundir estos derechos y de hacer real el ejercicio de estos derechos, con esta nueva Política Nacional de Derechos de las Víctimas.
Esto se une a una reforma constitucional que aprobamos en julio del año 2011, porque aunque parezca increíble, en nuestro país hasta entonces los delincuentes tenían derecho a una defensa jurídica financiada por el Estado, pero las víctimas no tenían ese derecho. Y así, tuvimos que corregir la Constitución para establecer un mejor equilibrio que pusiera a las víctimas en un lugar de privilegio y no en la retaguardia, como estaban antes. Y aquí aprovecho de agradecer el apoyo, la fuerza y el impulso que a esta reforma constitucional puso el Senador Alberto Espina, aquí presente.
Pero además de eso, hemos creado una red de asistencia a las víctimas para dar respuesta integral, desde un punto de vista no solamente jurídico, sino que también psicológico y social, a las víctimas de un delito, porque un delito muchas veces cambia la vida de las víctimas y necesitan esa ayuda especial para poder recuperar su normalidad y poder reintegrarse a una vida en plenitud junto a sus familias. Así, el proyecto de apoyo a las víctimas ya tiene más de 50 centros a lo largo y ancho de nuestro país, que en los últimos tres años nos ha permitido atender a más de 120 mil víctimas.
Quisiera terminar estas palabras, después de haber rendido cuenta de lo que hemos hecho, de los resultados que hemos obtenido y de lo que nos falta por hacer para combatir con mayor eficacia la delincuencia y el narcotráfico, y dar más seguridad y tranquilidad, como la merecen y necesitan nuestros ciudadanos y nuestras familias, afirmando algo que me parece fundamental y que a veces uno siente que se pierde en el debate: la única forma de ganar esta batalla es actuando con unidad, con el compromiso y el aporte de todos y todas las instituciones que interactúan en la lucha contra la delincuencia, y con el apoyo irrestricto de la ciudadanía, pero también del Parlamento, cuando se requiere aprobar leyes para poder combatir con mayor eficacia. Y en esta materia yo quiero que terminemos con las medias tintas y con las posiciones ambiguas. Aquí es muy simple, dentro del Estado de Derecho, dentro de la ley, o estamos a favor o estamos en contra de hacer más eficiente la lucha contra la delincuencia. Y eso los ciudadanos tienen derecho a conocerlo.
Estoy seguro que la única forma de seguir avanzando para que haya más tranquilidad y más seguridad en nuestras familias, y seguir haciendo retroceder al delito y al narcotráfico, es haciendo de esta política una política de Estado. Aquí no hay delincuentes de izquierda o de derecha, no hay víctimas de izquierda o de derecha, aquí hay delincuentes y hay víctimas, y este Gobierno siempre se la va a jugar y va a privilegiar los intereses y los derechos de las víctimas, y va a aplicar todo el rigor de la ley a los delincuentes.
Muchas gracias.