El Presidente de la República lanzó este mediodía el Plan de Seguridad Pública 2010-2014, iniciativa que persigue reducir el porcentaje de hogares víctimas de delitos y la cantidad de delitos en espacios públicos.
Destacó que esta propuesta establece medidas muy concretas, “pero por sobre todo, una actitud y una voluntad, establecer una alianza estratégica entre el Gobierno, las Fuerzas de Orden y Seguridad, el Congreso, los alcaldes y la sociedad civil, para poder cambiar la historia y empezar a ganarle la batalla a la delincuencia”.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, encabezó este mediodía en el Palacio de La Moneda el lanzamiento del Plan de Seguridad Pública 2010-2014, Chile Seguro, iniciativa que apunta a la reducción de los porcentajes de los delitos contra los hogares y en los espacios públicos. “Les quiero decir a todas las chilenas y chilenos: el problema de la delincuencia y el narcotráfico en nuestro país no se va a resolver solo, pero sí tiene solución. Y a eso apunta este Chile Seguro, que es una nueva forma, una nueva voluntad, un nuevo liderazgo y una nueva exigencia en el combate a la delincuencia, que nos va a permitir ganar o empezar a ganar esa batalla y devolverle a la gente su derecho a vivir en paz, en tranquilidad y con mayor felicidad”, afirmó.
Construida sobre tres ejes principales: Centro de Análisis del Delito, Programa Barrio en Paz y el Fondo Nacional de Seguridad, esta iniciativa pretende, en un plazo de cuatro años, reducir el porcentaje de hogares víctimas de delitos y la cantidad de delitos en espacios públicos.
En el primer objetivo -reducir el porcentaje de hogares víctimas de delitos- se pretende que a fines del año 2013 la tasa de victimización sea inferior al 29%. Esto implica evitar que 188 mil hogares sean víctimas de la delincuencia.
El segundo objetivo –reducir la cantidad de delitos en espacios públicos- pretende que al año 2013 el número total de delitos se haya reducido un 25% con respecto al año 2009. Esto implica impedir que se cometan 320 mil delitos en espacios públicos.
Acompañado por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, entre otras autoridades, el Mandatario reiteró que “nuestro gobierno se ha propuesto cambiar el rumbo de la historia en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico”. Añadió que para ello es fundamental “ponernos metas concretas, medibles, evaluables y, por cierto, muy exigentes, que en forma sintética se pueden resumir en empezar a ganarle y quebrarle la mano a la delincuencia y al narcotráfico en nuestro país, y devolverle a la gente, a la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos, su derecho a vivir en paz, con seguridad y en tranquilidad, que los delincuentes nos lo han robado”.
Recordó que desde que asumió, el Gobierno se han dado pasos concretos en esta materia y recordó, a modo de ejemplo, el lanzamiento de la Agenda Legislativa de Seguridad Pública, a comienzos del mes recién pasado.
El Jefe de Estado señaló que este plan establece medidas muy concretas, “pero por sobre todo, una actitud y una voluntad: establecer una alianza estratégica entre el Gobierno, las Fuerzas de Orden y Seguridad, el Congreso, los alcaldes y la sociedad civil, para poder cambiar la historia y empezar a ganarle la batalla a la delincuencia”.
Asimismo, planteó la necesidad de que todos los estamentos comprometidos en esta tarea se fijen metas concretas y establezcan plazos definidos, “de forma tal que no nos quedemos solamente en intenciones, sino que nos comprometamos con resultados que puedan ser evaluados y medidos por la gente”, manifestó.
Insistió en que esta es una empresa que requiere del trabajo conjunto de todos. “Esto lo haremos en una alianza con muchos sectores de la sociedad, particularmente con nuestras fuerzas de orden y seguridad, y con nuestros alcaldes, que queremos que sean nuestros socios y líderes en el combate al delito en cada una de sus comunas, y frente a cada una de sus comunidades”, señaló.
En este sentido, relevó que el Plan Chile Seguro cuenta con metas, objetivos y plazos que van a ser dados a conocer y que van a poder ser evaluados y medidos “día a día, por los expertos en materia de seguridad, pero especialmente por la ciudadanía, que es el gran evaluador y el gran juez de la acción de un Gobierno”.
Anunció además, la inversión de más de seis mil 400 millones de pesos en 262 proyectos en las distintas comunas del país “para que los alcaldes sean nuestros mejores socios y nuestros mejores aliados en la lucha contra la delincuencia en cada una de sus comunidades”, acotó.
Para lograr estas metas se trabajará sobre la base de cinco ejes: prevención, protección, sanción, apoyo y rehabilitación, cada uno de los cuales se desglosa en distintos programas e iniciativas.
En prevención, destacan la estrategia de prevención de alcohol y drogas, los programas “Vida Sana”; “Después de Clases” de la jornada alterna escolar; de prevención de la violencia intrafamiliar, “Abriendo Caminos”, y la creación de Laboratorios de proyectos de prevención.
En protección, se contemplan la prevención del delito mediante el diseño del ambiente físico, la transferencia de conocimiento a actores claves, el fomento de estándares de seguridad, la recuperación de espacios públicos, una mayor y mejor presencia policial, el aumento de dotación de Carabineros e Investigaciones, ampliar y mejorar el Plan Cuadrante de seguridad preventiva, reducir el atractivo de bienes susceptibles de robo, la creación del Registro público de condenados por delitos sexuales, la promoción de la seguridad virtual y las plataformas Web en apoyo a víctimas potenciales.
Dentro de las sanciones a quienes cometen delitos, sobresalen los planes regionales de persecución penal estratégica, mejorar las primeras diligencias, mejorar la información disponible para controles preventivos e investigaciones policiales, reducir archivos provisionales, dificultar el ingreso de droga vía terrestre, desbaratar organizaciones criminales dedicadas a la importación y distribución de droga dentro del país, sanear los barrios tomados por la droga, crear un centro de fusión de información investigativa delictual (CEFIID), la creación de fiscalías especializadas para delitos de alta complejidad, el control de medidas y sanciones que se cumplen en libertad y la Agencia de control de medidas cautelares.
En términos de apoyo a las víctimas se consideran la Política Nacional de Atención a Víctimas de Delitos, la ampliación del servicio de orientación e información, la creación de un modelo de atención especial para casos de conmoción pública y el rediseño del actual call center.
Finalmente, en rehabilitación, se contemplan el programa Vida Nueva, el fortalecimiento del “Programa Integral de Seguridad 24 Horas”, el perfeccionamiento al sistema de justicia para menores y adolescentes infractores de ley, la ampliación de los tribunales de tratamiento de drogas, la creación de un índice de reincidencia, la incorporación de variables de riesgo y necesidad en sistemas de clasificación de reclusos, el fortalecimiento de los programas de reinserción social intra y post penitenciaría, la creación de un mecanismo para facilitar el trabajo de personas encarceladas y la construcción de infraestructura penitenciaria.
