Durante las últimas décadas, Chile ha desarrollado, con notable éxito, una política de apertura e integración al mundo. De hecho, desde 1993, el país ha suscrito 27 acuerdos comerciales y de libre comercio, con países como Estados Unidos, Canadá, México, la Unión Europea, China, India, Japón, Australia, Nueva Zelandia, Vietnam, Singapur, etc., los que representan más de cuatro quintos del producto y comercio mundial.
Durante nuestro gobierno se creó y desarrolló la Alianza del Pacífico, que incluye a México, Colombia, Perú y Chile, y que busca crear no sólo libertad de comercio de bienes y servicios, sino también libre movimiento de personas e inversiones y colaboración mutua en nuestra integración al mundo.
Sin embargo, nuestra Ley de Migraciones data de 1975 y constituye la legislación más antigua en esta materia en Sudamérica. Pese a este inmovilismo, Chile ha avanzado en el plano del derecho internacional, a través de múltiples convenios internacionales ratificados por Chile, que aún no han sido incorporados a nuestra legislación.
Durante estas décadas, la migración pasó de ser un asunto marginal y mayoritariamente de emigración, a una materia significativa y mayoritariamente de carácter receptivo. Si en el Censo de 1982 sólo un 0,7% de la población era extranjera, actualmente se estima que este porcentaje creció al 2,5%, lo que significa cerca de 450 mil extranjeros en Chile.
Por estas razones, en junio de 2013, nuestro gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que, a diferencia de la obsoleta legislación actual, explicita los principios rectores que deben guiar nuestra política migratoria y los derechos y deberes de los extranjeros en Chile, y promueve la integración de los inmigrantes a nuestra sociedad, cumpliendo así con el mandato constitucional de inclusión y no discriminación arbitraria. El proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Gobierno de la Cámara en marzo de 2014. Sin embargo, con el advenimiento del nuevo gobierno, la tramitación del proyecto se paralizó. De hecho, la actual administración se comprometió en 2014 a enviar un nuevo proyecto, compromiso que hasta hoy se encuentra incumplido.
En mi opinión, Chile debe ser un país abierto y acogedor con los inmigrantes que vienen a nuestro país a construir una nueva vida, a integrarse a nuestra sociedad, a respetar nuestras leyes y a aportar al desarrollo nacional, como con tanto mérito y valor lo han hecho, a lo largo de toda nuestra historia, los inmigrantes que se han radicado en nuestro país. Por esto, Chile debe mantener abiertas sus fronteras a la migración legal, al comercio, al turismo, a la cultura y la integración con otros países del mundo. Adicionalmente, Chile debe promover la inmigración de personas que puedan ayudar a cerrar las brechas o carencias de nuestro país. Por ejemplo, dada la escasez de médicos especialistas, en particular en el sector público, debiéramos promover el arribo de médicos especialistas graduados en universidades de calidad, facilitando el reconocimiento de títulos profesionales.
Pero Chile debe cerrar sus fronteras al ingreso de males como el narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando, la trata de personas y la inmigración ilegal. Para eso desarrollamos el Plan Frontera Norte Segura. También la legislación debe contemplar, como lo hizo nuestro proyecto del año 2013, mecanismos más efectivos que los actuales para que aquellos extranjeros que cometen delitos graves en Chile, una vez condenados y cumplidas sus condenas, se les revoque el permiso para permanecer en nuestro país.
Ya hemos perdido tres años. Por ello pedimos al gobierno cumplir su compromiso y ofrecemos nuestra colaboración para darle a Chile una moderna ley de migraciones.
Por Sebastián Piñera el 30 de noviembre de 2016
