Presidente de Chile

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Terremoto 27F: La Emergencia

La ceremonia del cambio de mando, el jueves 11 de marzo de 2010, por orden del Presidente entrante, fue la más simple y austera desde el retorno a la democracia. En La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera realizó el tradicional saludo desde uno de los balcones a los cientos de personas que lo esperaban en la Plaza de la Constitución. Desde ahí dirigió su discurso inaugural donde invitó a los chilenos a superar la tragedia con voluntad, trabajo y unidad, prometiendo que el gobierno también trabajaría incansablemente para poner al país de pie y lograr un Chile mejor.

A continuación presidió el primer Consejo de Gabinete oficial. Más tarde, cerca de la media noche, tuvo una reunión con lo que entonces podía definirse como el Comité Interministerial de Emergencia, encuentro amplio con los principales responsables de las áreas y zonas afectadas por la catástrofe: los jefes de defensa nacional de O`Higgins, el Maule y el Bio-bío, así como los ministros de Interior, Salud, Planificación, Educación, Hacienda, Vivienda y Obras Públicas, entre otros. Allí se actualizó detalladamente las distintas aristas de la crisis en las regiones afectadas, confirmó algunas de las medidas preparadas para enfrentar la emergencia y la reconstrucción e instruyó a todos a jugársela y dar lo mejor de sí en los próximos meses, ya que las necesidades de los damnificados eran apremiantes y debían ser resueltas antes del invierno. 

El día 13 de marzo, el Presidente nombró a Cristóbal Lira como secretario ejecutivo del Comité de Emergencia, instancia creada para coordinar las soluciones a las necesidades inmediatas que imponía la catástrofe. Ese mismo día también designó a Marcelo Cox, como secretario del Comité de Reconstrucción, instancia creada para coordinar las soluciones definitivas y de largo plazo.

De acuerdo a ese diseño, el trabajo en la emergencia debía ser de corto plazo, enfocado en resultados, eficaz pero también eficiente. El trabajo de reconstrucción debía también empezar desde ya, pero pensando a mediano y largo plazo, con el objetivo de construir tanto la infraestructura como el tejido social.

Se generó así el Triple Plan de Acción, que se describió de la siguiente manera:  

  1. Emergencia ciudadana (del 27 de febrero al 31 de marzo de 2010): acciones más urgentes, como acompañar a las familias en el proceso de dar sepultura a sus muertos, auxiliar a los heridos, agotar los esfuerzos por encontrar a las personas desaparecidas, restaurar los servicios básicos y garantizar la alimentación de las poblaciones afectadas.

  2. Emergencia de invierno (del 27 de febrero al 21 de junio del 2010): antes de que llegaran las bajas temperaturas, debían cubrirse las necesidades básicas en materia de viviendas, educación, salud e infraestructura, para que los damnificados tuvieran cómo enfrentar los meses de frío y lluvia.

  3. Plan de reconstrucción (del 27 de febrero de 2010 al 11 de marzo de 2014): volver a reconstruir las viviendas, escuelas, hospitales, puentes e infraestructura pública que había perdido el país con el terremoto y maremoto.
El Comité de Emergencia

Para el reparto de alimentos se adoptó la sugerencia del Ejército de hacer cajas con alimentos variados, que al poco andar se conocieron como las “cajas 4x4”, llamadas así porque eran para cuatro personas y alcanzaban para los requerimientos básicos de cuatro días. El sistema resultó efectivo y a un mes del terremoto se habían entregado más de 250 mil cajas de alimentos. La distribución de alimentos se prolongó hasta la última semana de abril, y terminó por sumar más de 416 mil cajas.

Buena parte del trabajo en terreno del comité se basó en la logística de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército. Dado el estado de excepción que existió en O’Higgins, el Maule y Bio-bío, estas regiones llegaron a contar con cerca de 12 mil efectivos desplegados, lo que les permitió, una vez finalizado los estados excepcionales, realizar las labores propias de la emergencia y la asistencia a los damnificados que el Presidente les solicitó. En cada región había un general responsable; en cada provincia, un coronel; y en cada comuna, un teniente o capitán. Cristóbal Lira tenía los celulares de cada uno de ellos, lo que le permitía tener información precisa de lo que estaba sucediendo en tal o cual lugar en todo momento.

Invierno sin carpas

Solucionado el reparto de alimentos y provisiones básicas, y en vista de que los Ministerios de Salud, de Educación y de Obras Públicas rápidamente se hicieron cargo de sus respectivas emergencias, el Comité de Emergencia inició la planificación de remover escombros, realizar demoliciones, levantar albergues y techos para los 800 mil damnificados. Terminaba marzo y comenzaba la llamada emergencia de invierno.

Por sugerencia de Miguel Flores, subsecretario de Desarrollo Regional, se decidió traspasar dinero a las municipalidad para que, en coordinación con las gobernaciones provinciales, contrataran empresas locales de remoción de escombros, de manera que tanto el empleo como el dinero invertido quedaran en las respectivas comunidades. El Ejército y la Armada, a su vez, colaboraron en solucionar los problemas más urgentes o que provocaban graves trabas a la productividad, como los muchos barcos que ocuparon las calles de Talcahuano o el desplome de su mercado.

El problema de la falta de techo, sin embargo, comenzó muy pronto a mostrarse como el más grande y complejo.  La estimación sobre los damnificados finalmente arrojó que cerca de 200 mil familias, o poco más, tenían daños en sus hogares que los hacían poco seguros o inhabitables. Con esta realidad, el Presidente Piñera estimó que la mitad de esas 200 mil familias podría ser recibida donde un amigo o un pariente. De las 100 mil restantes, estimó que el 50% o 60% podría arreglar sus casas, al menos momentáneamente para pasar el invierno, con lo que cada familia estaría mucho más cómoda que vivienda en una mediagua. De ahí, concluyeron que sólo se necesitarían 40 mil viviendas de emergencia.

Se comenzó a trabajar en dos frentes. Por un lado, era necesario entregar recursos y materiales para las personas con capacidad de reparar sus casas. Para ello se inició el programa “Manos a la obra”, mediante el cual cada damnificado que quisiera sumir directamente las reparaciones de su hogar pedía a su respectiva municipalidad los materiales: maderas, plásticos, cemento, zinc, tejas, ventanas, lo que fuera necesario. Este programa significó una inversión cercana a los 14 mil millones de pesos, que benefició a más de 51 mil familias.

La otra parte consistía en levantar 40 mil viviendas de emergencia. Gracias a la campaña “Chile ayuda a Chile”, Un Techo para Chile ya se había comprometido a fabricar y montar 20 mil viviendas. El gobierno debía hacerse cargo de otras 20 mil. Todo para el 11 de junio. Para solucionar este problema el comité generó un incentivo económico a la rapidez de entrega, para que pequeños emprendedores y aserraderos se animaran a construir de emergencia. Después de dos o tres semanas, gracias a esta fórmula se montaron más de 70 nuevas fábricas.

Sin embargo, ya era evidente que no sólo había que construir las viviendas sino instalarlas. Junto a los voluntarios de Un Techo para Chile, el Ejército se manifestó como una solución bienvenida, así como la Armada que se concentró en ayudar en Talcahuano, islas Mocha y Santa María, además de otras comunidades costeras de la provincia de Concepción.

Gracias al Ejército y a los 80 mil voluntarios que cooperaron con Un Techo para Chile se levantaron 900 casas diarias, lo que fue un verdadero récord dado que se trabajaba simultáneamente en tres regiones. A ese ritmo y contra todo pronóstico, la meta de 40 mil casas se cumplió el 17 de mayo de 2010, casi un antes de lo exigido por el Presidente. 

Aldeas de Emergencia

A las aldeas llegaron, casi sin excepción, personas que lo habían perdido todo. Se trató primero de familias que vivían en un sitio que fue arrasado por la entrada del mar. Eso lo convertía en un lugar inseguro para volver a construir. A la aldeas llegaron también familias que vivían en condominios sociales que el terremoto dejó inutilizables. Por último, llegaron familias que vivían de allegados y que después del terremoto no tenían un sitio propio ni nadie que los acogiera.

Una vez que las aldeas comenzaron a crecer y desarrollarse mostraron inmediatamente las innumerables aristas propias de cualquier campamento. Se necesitaban calles, luz, agua, baños, lugares para lavar la ropa, formas de sacar la basura y maneras de coordinar los inagotables detalles que nacen de una habitar una comunidad con condiciones precarias. Francisco Irarrázaval apareció entonces como el hombre más adecuado para llevar este proceso adelante.

Irarrázaval comenzó a gestionar instalaciones eléctricas, alumbrado público, cierre perimetral y estabilizado de calles para las aldeas. El Ministerio de Vivienda, más tarde, asignó un ejecutivo a cada aldea, para coordinar la reubicación de las familias o ayudarlas a tramitar los subsidios de sus nuevas viviendas. 

La Primera Dama, Cecilia Morel, que recorrió la zonas afectadas en numerosas ocasiones, gestionó desde su gabinete el equipamiento de las sedes sociales que se instalaron en las aldeas. Mediante donaciones de empresas privadas y fundaciones consiguió televisores para que la comunidad pudiera ver los partidos del Mundial, libros, bibliotecas infantiles, equipos de música, proyectores y telones para realizar reuniones informativas, así como computadores con impresoras, para facilitar las postulaciones a los subsidios habitacionales. Este equipamiento, desarrollado a través del proyecto “Sedes: el corazón de las aldeas”, se realizó con el objetivo de convertir a cada una de ellas en un espacio para fomentar la creación de vínculos humanos entre vecinos que en la práctica no se conocían. 

Una vez que se logró echar a andar la producción de viviendas que se necesitaban, el foco del Comité de Emergencia se movió a lograr su habitabilidad, es decir, cómo hacerlas confortables para el invierno. En todas las soluciones de habitabilidad de las viviendas de emergencia se invirtieron más de 7.700 millones de pesos.