Presidente de Chile

Objetivo:

Aumentar la participación ciudadana.

Resultado:

Con la publicación de la Ley 20.568 que consagra la inscripción automática y el voto voluntario, el número de inscritos en los registros electorales aumentó de 8,1 millones a más de 13 millones. Un efecto importante del nuevo sistema es que los menores de 30 años pasaron de representar 7,3% de los inscritos a 25,2% en 2012.

Sin embargo, la participación en las elecciones municipales del 2012 fue más baja de lo esperado, situación que se espera revertir con medidas como la Ley de Elecciones Primarias, la que fue implementada por primera vez en junio de este año registrándose una participación superior a las tres millones de personas.

El año 2013 los ciudadanos pudieron participar en la mayor cantidad de procesos electorales que ha tenido el país: las primarias, las elecciones parlamentarias y presidenciales y la recientemente aprobada elección directa de los consejeros regionales.

La implementación de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, promulgada en febrero de 2011, contempla la participación ciudadana en la gestión pública mediante cuatro mecanismos mínimos obligatorios: cuentas públicas participativas, consultas ciudadanas, consejos de la sociedad civil y acceso a información relevante, lo que permite un involucramiento superior de la ciudadanía en el diseño o elaboración de las decisiones públicas.

Objetivo:

Continuar mejorando la institucionalidad y las prácticas para aumentar la transparencia y probidad.

Resultado:

Según el Índice Mundial de Percepción de Corrupción, desarrollado por la organización Transparencia Internacional, Chile se encuentra en la posición 22 entre los 177 países con menor percepción de corrupción. En los últimos cuatro años nuestro país ha subido tres puestos en el ranking, encontrándose actualmente por sobre países como Austria o Portugal.

Adicionalmente, según la información que elabora el Consejo para la Transparencia, para la última fiscalización de transparencia activa realizada a los órganos de la administración central, el año 2012, los resultados de cumplimiento son de 96,9%, lo que representa 1,7 puntos porcentuales más de cumplimiento que la última medición del año 2011, donde el resultado fue de 95,2% y 8,7 puntos porcentuales más de cumplimiento que la primera medición realizada en 2010 (periodo septiembre-octubre de 2010), donde el resultado fue de 88,2%.

Por último, de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción, realizado por Chile Transparente y Transparencia Internacional, la percepción de la corrupción en el sector público ha disminuido notablemente. El 2009 sólo el 8% de los encuestados consideraban que la corrupción estaba poco extendida, valor que para el 2013 más que se duplicó, alcanzando 17%. Asimismo, el porcentaje de gente que considera que la corrupción esta extendida, disminuyó del 70% al 57%. Esto muestra que aún queda mucho por avanzar, pero vamos en la dirección correcta. Es por esto que se han enviado al Congreso proyectos de ley para fortalecer la transparencia y mejorar la probidad en la función pública. Además, se aprobó en el Congreso la ley que busca regular el lobby.

Objetivo: Mejorar el funcionamiento y la percepción ciudadana sobre nuestro sistema político.

Resultado:

Recuperar la confianza en las instituciones políticas es un proceso de largo plazo en el que era necesario realizar reformas a nuestro sistema que permitieran mejorar paulatinamente la percepción de la labor realizada por las autoridades políticas. En esta dirección se han tomado medidas que buscan aumentar la competencia en nuestro sistema político, como son la inscripción automática y voto voluntario y las primarias voluntarias organizadas por el Estado para las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. Paralelamente, en aras de la transparencia y la probidad se han enviado al Congreso proyectos de ley como el que reforma la Ley de Partidos Políticos, el proyecto de ley que regula el lobby, el que fortalece la ley de transparencia y el de probidad en la función pública.

Objetivo:

Mejorar la gestión del Estado y de las personas que trabajan en éste.

Resultado:

Se han realizado diversas acciones para mejorar la gestión del Estado, tanto en la modernización del Centro de Gobierno como desde cada ministerio sectorial y sus servicios relacionados.

Destaca la creación del programa Chile Gestiona, que busca elevar la productividad de la Administración del Estado y que ha conseguido una reducción del 19% del ausentismo laboral.  Además, han mejorado índices de gestión con  la racionalización del pago de horas extraordinarias y la reducción en los días de pago a los proveedores a través del programa Chile Paga.

Según el Foro Económico Mundial, Chile ha subido desde el puesto número 40 en 2009 al puesto 13 en 2013 entre los países con mayor eficiencia del gasto público.

Por otro lado, se envió al Congreso un proyecto de ley que busca crear una agencia autónoma para fortalecer la función de evaluación en el sector público, de manera de aportar a la mejora de las políticas públicas.

Paralelamente, se han tomado medidas para obtener una mayor coordinación estratégica, como la racionalización de los múltiples comités de ministros en tres macro comités (Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Ciudad, Infraestructura y Territorio) que han sesionado más de 65 veces, coordinados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y medidas que buscan mejorar el cumplimiento de las políticas públicas como la implementación de la Unidad Presidencial de Gestión de Cumplimiento y la Unidad de Regiones.

En cuanto a la gestión de personas en el Estado, se ha perfeccionado el Sistema de Alta Dirección Pública, mejorando los procesos de selección, aumentando el número de cargos que se concursan por este sistema en más de un 10% (de 934 en diciembre de 2009 a 1255 en diciembre de 2013) y se ha disminuido el número de concursos desiertos del 32% al 23%.

En febrero de 2011 se publicó la Ley 20.501 de Calidad y Equidad de la Educación que contempla la participación del Sistema de Alta Dirección Pública en la selección de aproximadamente 3.600 directores de establecimientos de educación municipal.

Por último se han ingresado al Congreso dos proyectos de ley que contemplan incorporar el sistema ADP en los gobiernos regionales y la municipalidades.

Objetivo:

Generar mecanismos que permitan la progresiva descentralización administrativa, política y fiscal del país.

Resultado:

Para avanzar hacia una mayor descentralización, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha impulsado una profunda agenda para potenciar los gobiernos subnacionales.

A nivel regional, el 2013 se destinaron más de 921 mil millones de pesos a proyectos de inversión a través de gobiernos regionales, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); este monto es un 50% mayor al promedio anual del FNDR entre los años 2006 y 2009. Para el 2014 están presupuestados más de 973 mil millones de pesos. La inversión regional distribuida en la Ley de Presupuesto de cada Gobierno Regional ha aumentado desde 48% en 2009 a 80% en 2014, permitiendo una mayor planificación y autonomía a las regiones.