Objetivo:
Mejorar los instrumentos y calidad de la información para la medición de la pobreza.
Resultado:
Al comienzo de este gobierno se decidió aplicar la Encuesta Casen todos los años, y así contar con información valiosa con respecto a los avances en la superación de la pobreza, el nivel de desigualdad que existe en el país, y la medida en que las políticas sociales están llegando a quienes han sido destinadas.
Luego de la aplicación de la Encuesta Casen 2011, se decidió establecer una nueva línea de pobreza que considere sus múltiples dimensiones más allá del ingreso, lo que se concretó el 13 de diciembre de 2012, fecha en que el Presidente firmó el decreto que constituye la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Línea de la Pobreza, la que entregó su informe final el 23 de enero de 2014.
Además se resolvió involucrar al nuevo INE autónomo en la aplicación de la Encuesta Casen, por lo que el 7 de enero de 2013 ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea el INE autónomo. Adicionalmente, se realizó el Catastro Calle 2011, con el fin de contar con información válida y confiable para el diseño de una política nacional en favor de la población en situación de calle.
Objetivo:
Construir una institucionalidad permanente para la superación de la pobreza.
Resultado:
El 13 de octubre de 2011 se publicó la Ley 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social, el cual coordinará las políticas sociales de los diferentes organismos del Estado, y se encargará de diseñar, proponer, evaluar y coordinar programas y políticas sociales de los diferentes ministerios, estableciendo sistemas para monitorearlos periódicamente y otorgando herramientas para su óptima focalización.
Objetivo:
Focalizar la atención y recursos a los sectores más vulnerables, fomentando la inclusión social y el acceso sin discriminación a los programas.
Resultado:
Basándose en las propuestas que el Comité de Expertos entregó en noviembre de 2010, el Ministerio de Desarrollo Social creó la Nueva Ficha Social, que verifica los datos proporcionados por las familias, considera sus gastos y enfermedades, mide el patrimonio (situación habitacional, vehículos, etc.), y crea un sistema de fiscalización potente para evitar fraudes. Gracias a este trabajo se pretende dar respuestas más pertinentes y seleccionar de modo más justo a quienes tienen mayores vulnerabilidades, para entregarles los beneficios sociales que correspondan.
El 26 de diciembre de 2013, el Ministerio de Desarrollo Social informó que habiendo concluido las etapas de diseño y preparación de la nueva Ficha de Protección Social –lo que incluyó más de 2.100.000 familias encuestadas, la construcción de 33 bases de datos para verificar la información y un nuevo modelo de cálculo de puntajes- se ha decidido posponer su puesta en marcha para la próxima administración, con el fin de no exponer a las familias más vulnerables a enfrentarse a dos posibles cambios en tan corto plazo. Lo anterior implica poner a disposición del próximo gobierno todo el trabajo y la documentación desarrollados por los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, respecto de la nueva ficha.
